La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado uruguayo a pagar una indemnización total de US$ 2.786.813 a 50 ahorristas del extinto Banco Montevideo, afectados por la crisis financiera de 2002.
Cada uno de los damnificados recibirá hasta US$ 100.000, al comprobarse que no autorizaron la transferencia de sus fondos al Trade & Commerce Bank en Islas Caimán.
El proceso judicial se inició en 2011, cuando los afectados agotaron las instancias nacionales y recurrieron a la CIDH. De los 1.500 reclamos presentados originalmente, solo 50 fueron aceptados por el tribunal internacional.
La sentencia responsabiliza al Estado por la falta de supervisión sobre las actividades del banco, lo que permitió el desvío fraudulento de fondos. Este fallo sienta un precedente sobre la obligación estatal de proteger los derechos de los depositantes y de garantizar un adecuado control financiero.
En paralelo, en marzo de 2025, la Justicia uruguaya condenó a Juan Peirano Basso, expresidente del Grupo Velox, a nueve años de prisión por insolvencia societaria fraudulenta vinculada al caso del Banco Montevideo.
Este fallo de la CIDH representa un hito en el camino hacia la justicia para las víctimas de una de las peores crisis financieras en la historia reciente del país.
Félix Eduardo Cañizalez
