El astillero español Cardama presentó un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo luego de que el gobierno decidiera rescindir el contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional.
El conflicto se originó tras la decisión del gobierno encabezado por Yamandú Orsi de dejar sin efecto el contrato, argumentando dudas sobre las garantías financieras presentadas por la empresa española y posibles irregularidades en el proceso.
La situación generó repercusiones políticas y jurídicas, debido a que el proyecto de las OPV era considerado una de las adquisiciones más importantes para la modernización de la Armada Nacional en los últimos años.
Ahora, el caso podría derivar en un largo proceso internacional mientras ambas partes defienden sus posiciones sobre la legalidad de la rescisión del contrato.
Félix Eduardo Cañizalez
