Una denuncia laboral presentada por un grupo de trabajadores de nacionalidad peruana dio inicio a una investigación policial y fiscal en Maldonado, tras un episodio ocurrido en Punta del Este vinculado a la obra que se desarrolla en el predio del ex Hotel San Rafael.


Fotografía: IA


Según información policial confirmada por medios nacionales, el hecho se registró cuando efectivos acudieron a una vivienda donde se alojaban los trabajadores, luego de que se denunciara que no podían salir del lugar porque los portones estaban cerrados con cadenas y candados. Dos de los obreros declararon que habrían sido encerrados por su empleador durante la noche.

En el lugar se constató la presencia de varios trabajadores. Mientras algunos sostuvieron que se trató de un encierro, otros afirmaron posteriormente que el cierre respondía a medidas de seguridad y que no se encontraban privados de su libertad. Estas versiones contrapuestas forman parte del análisis que actualmente lleva adelante la Fiscalía.


Los trabajadores involucrados pertenecen a una empresa peruana subcontratada que participa en tareas específicas dentro de la obra que se ejecuta en el histórico predio del ex Hotel San Rafael, uno de los proyectos de mayor porte en la zona. La empresa constructora principal es CRIBA S.A., que trabaja con distintas firmas tercerizadas.


El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) tomó conocimiento del caso y señaló que uno de los trabajadores difundió un video en redes sociales donde se observan los accesos cerrados del alojamiento, material que también fue incorporado a la investigación.


El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Fiscalía Letrada de Maldonado y de la Embajada de Perú, mientras se evalúa si existieron irregularidades laborales o una eventual vulneración de derechos.


Por su parte, Cipriani Resort, Residences & Casino, firma vinculada al proyecto del ex Hotel San Rafael, emitió un comunicado en el que negó tener vínculo con la contratación o administración de estos trabajadores, señalando que esa responsabilidad corresponde a la empresa constructora y sus subcontratistas, y rechazando cualquier práctica que vulnere derechos laborales o humanos.


La investigación continúa en curso y, por el momento, no hay resoluciones judiciales. Las autoridades buscan determinar con precisión qué ocurrió, bajo qué condiciones se encontraban los trabajadores y si corresponde la aplicación de sanciones o responsabilidades.


Félix Eduardo Cañizalez


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