En distintos ámbitos laborales de Uruguay, se repite una situación que genera preocupación entre trabajadores y especialistas: decisiones tomadas desde cargos jerárquicos que, amparadas en la autoridad interna, terminan afectando derechos que están claramente protegidos por la ley.
Cuando una decisión jerárquica se coloca por encima de la ley, se rompe un principio básico del vínculo laboral: la subordinación no implica renuncia a los derechos. Ningún cargo, por alto que sea, habilita a desconocer normas vigentes ni a reinterpretarlas según conveniencia.
Especialistas en derecho laboral advierten que este tipo de prácticas suele generar climas de miedo, silencios forzados y aceptación aparente, especialmente en sectores con alta rotación o dependencia económica. En esos contextos, la “decisión consensuada” muchas veces es solo una formalidad.
El problema se agrava cuando la autoridad que decide también participa del beneficio generado por esa decisión, diluyendo los límites entre gestión, poder y aprovechamiento personal, lo que puede configurar una práctica abusiva.
Desde el punto de vista legal, las jerarquías existen para organizar el trabajo, no para modificar derechos. Las leyes laborales están justamente diseñadas para equilibrar esa asimetría de poder y proteger a la parte más vulnerable de la relación.
Poner el foco en el abuso de jerarquía no es una cuestión ideológica ni de confrontación, sino una discusión necesaria sobre el respeto a la ley, la transparencia interna y la dignidad en el trabajo.
Félix Eduardo Cañizalez
