La Justicia argentina dictó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por presuntos hechos de corrupción relacionados con contrataciones irregulares durante su mandato (2019–2023). 

Fotografía: Alberto Fernández 


La medida fue adoptada por el juez federal Julián Ercolini, en el marco de una causa que investiga la utilización de fondos públicos en seguros contratados por organismos del Estado a través de intermediarios privados.

Según la investigación, durante su presidencia se habría generado un esquema en el que compañías aseguradoras cobraban comisiones millonarias por gestiones innecesarias, con presuntas vinculaciones políticas. Fernández firmó algunos de los decretos que habilitaron esos contratos, y habría tenido conocimiento directo del mecanismo.


El procesamiento implica que el juez considera que hay pruebas suficientes para vincular al expresidente con los delitos investigados, aunque no se ha dictado prisión preventiva. Fernández rechaza las acusaciones y sostiene que todo se hizo dentro del marco legal. Su defensa apelará la decisión judicial.


Este fallo se da en un contexto de creciente tensión política en Argentina, con la Justicia avanzando en causas contra exfuncionarios del kirchnerismo. Desde el entorno de Fernández se denuncia una persecución judicial con fines políticos.


Félix Eduardo Cañizalez


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