El gobierno de Yamandú Orsi anunció oficialmente la cancelación del Proyecto Neptuno, que contemplaba la construcción de una planta potabilizadora en Arazatí (San José) para abastecer de agua potable a Montevideo y su área metropolitana.
La decisión fue comunicada al Consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Berkes, Saceem, Cimsa y Fast, quienes habían sido adjudicatarias de la obra durante la administración de Luis Lacalle Pou.
El proyecto, que implicaba una inversión cercana a los 900 millones de dólares, había sido fuertemente cuestionado por organizaciones sociales, académicos y sectores políticos, debido a su impacto ambiental, su modelo de gestión público-privada y su alto costo.
En su lugar, el gobierno propone construir una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes (Canelones), con una capacidad adicional de 200.000 metros cúbicos diarios, además de obras complementarias como una nueva aductora y la evaluación de represas menores para la Costa de Oro.
El anuncio fue bien recibido por referentes del Frente Amplio y organizaciones que se habían opuesto al proyecto original. Según adelantó el gobierno, se buscará avanzar en las nuevas obras sin desechar completamente los acuerdos ya firmados con el consorcio privado, a fin de evitar litigios y reencauzar el contrato hacia un modelo más sustentable y eficiente.
Félix Eduardo Cañizalez
