Un informe reciente interno de la Armada Nacional reveló que el astillero español Cardama, contratado para construir dos patrulleras oceánicas para Uruguay, no estaba inscrito ni contaba con los permisos de construcción aprobados al momento de recibir pagos millonarios.
A pesar de que ya se habían entregado más de 20 millones de euros y de que en mayo de 2025 se colocó la quilla del primer buque, la documentación técnica no estaba completa, los planos no habían sido aprobados y la certificadora internacional Lloyd’s Register no había firmado los controles exigidos.
El contrato fue firmado por el gobierno anterior, que anunció la compra como un avance histórico para la vigilancia marítima. Sin embargo, el informe advierte sobre irregularidades en los procesos, deficiencias en los controles de calidad y compras de motores sin supervisión externa. La ministra de Defensa actual ordenó auditorías, desplazó la gestión de pagos a su cartera y envió oficiales a España para fiscalizar la obra. Mientras tanto, el futuro de las patrulleras sigue incierto, con plazos comprometidos y la sombra de un posible perjuicio económico para el Estado uruguayo.
Félix Eduardo Cañizalez
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