Seis entes públicos destinan alrededor de US$ 2 millones al año en licencias remuneradas para dirigentes sindicales.


Fotografía: Industriall Global Union


En Uruguay, seis entes públicos —ANCAP, BROU, BPS, OSE, UTE y Correos— destinan aproximadamente US$ 2 millones por año a licencias remuneradas para dirigentes sindicales, conocidas como “horas sindicales”. Estas permiten a los representantes gremiales dedicar tiempo a la actividad sindical en lugar de cumplir con sus tareas habituales, mientras el Estado sigue pagando sus salarios.


La medida, contemplada en la Ley 17.940 de 2006, busca garantizar la representación sindical dentro de las empresas públicas. Sin embargo, especialistas y legisladores reclaman mayor transparencia y regulación para evitar abusos. En algunos casos, los entes públicos han reportado que el uso de estas horas excede lo permitido, generando un costo adicional significativo para el Estado.


“Es fundamental que los sindicatos informen cómo se utilizan estas horas y que exista un criterio uniforme entre todos los entes públicos”, afirmó un legislador consultado por el diario El País. La discusión sobre la regulación de estas licencias se mantiene abierta, mientras la sociedad debate el equilibrio entre derechos sindicales y responsabilidad fiscal.


Félix Eduardo Cañizalez


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