La Justicia dispuso la internación preventiva de las tres jóvenes en el Inisa durante 30 días, mientras continúa la investigación por los hechos ocurridos frente a la vivienda de la dirigente nacionalista.
La Justicia uruguaya formalizó a tres adolescentes que residían en un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), investigadas por la agresión sufrida por la dirigente del Partido Nacional Valeria Ripoll y su hija, en un episodio ocurrido el pasado 6 de noviembre en Montevideo.
La resolución fue adoptada a solicitud de la Fiscalía de Adolescentes de 2.º Turno, que atribuyó a las jóvenes la presunta comisión de dos infracciones tipificadas como delitos de lesiones personales, en reiteración real entre sí, y ambas en concurso formal con un delito de violencia privada.
Internación preventiva durante 30 días
Como medida cautelar, la Justicia ordenó la internación de las tres adolescentes en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por un período de 30 días, contado desde sus detenciones.
Según informó Fiscalía, la decisión tuvo en cuenta posibles riesgos para la seguridad de las víctimas y la eventual interferencia en la investigación, particularmente por la posibilidad de que se ejerciera influencia sobre testigos.
La formalización no constituye una condena definitiva, sino una etapa del proceso judicial.
La agresión que desencadenó la denuncia
El incidente ocurrió en las inmediaciones de Agraciada y San Fructuoso, donde Ripoll reside junto a su familia, cerca de un hogar del INAU.
La excandidata a vicepresidenta denunció que tanto ella como su hija fueron agredidas físicamente durante un altercado con adolescentes del establecimiento. Ripoll sufrió un hematoma en el rostro.
La dirigente también aseguró que los problemas de convivencia en la zona no eran nuevos y que anteriormente se habían registrado episodios conflictivos vinculados al funcionamiento del hogar.
Reacciones políticas y cuestionamientos a la decisión
Tras conocerse la agresión, el Directorio del Partido Nacional expresó su rechazo a lo sucedido, manifestó solidaridad con Ripoll y su familia y reclamó explicaciones a las autoridades del INAU.
Por otra parte, la presidenta del INAU, Claudia Romero, y su vicepresidente, Mauricio Fuentes, cuestionaron la decisión de privar preventivamente de libertad a las adolescentes.
Las autoridades señalaron que la violencia es injustificable, pero defendieron que la privación de libertad de menores de edad debe utilizarse únicamente como último recurso, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño.
La investigación continúa
El caso abrió un debate sobre la seguridad de los vecinos, las responsabilidades institucionales del INAU y las medidas adecuadas para abordar situaciones de violencia que involucran a adolescentes bajo protección estatal.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa y deberá determinar las responsabilidades correspondientes, respetando las garantías legales de las tres adolescentes involucradas.
