El Directorio del Partido Nacional reclamó al presidente Yamandú Orsi que adopte medidas para garantizar la independencia de la Fiscalía General de la Nación y haga cesar “de inmediato” cualquier presión, intromisión o injerencia proveniente de integrantes del Poder Ejecutivo.
La declaración de la fuerza política se produjo luego de la polémica generada por las afirmaciones del fiscal de Flagrancia de 5.º Turno, Diego Pérez, quien acusó al prosecretario de Presidencia y exfiscal de Corte, Jorge Díaz, de una “más que evidente indebida injerencia”.
La controversia comenzó luego de que se confirmara que Pérez no asumirá al frente de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1.º Turno, cargo que permanece vacante. Díaz había considerado “razonable” esa decisión y afirmó que le haría bien al funcionamiento del sistema de Justicia.
Pérez cuestionó esas declaraciones y sostuvo que podían constituir una “demostración de poder”. Según el fiscal, las palabras del prosecretario no solamente estaban dirigidas hacia él, sino que también podrían buscar incidir sobre el fiscal que finalmente sea designado para ocupar la sede.
La Fiscalía de Delitos Económicos tiene bajo su órbita investigaciones de relevancia política, entre ellas el caso Cardama, la compra de la estancia María Dolores, actuaciones vinculadas al caso del pasaporte de Sebastián Marset y República Ganadera.
Tras las declaraciones de Pérez, el Partido Nacional sostuvo que resulta “inadmisible” cualquier intento de interferir directa o indirectamente en investigaciones, decisiones técnicas o determinaciones de gestión correspondientes a la independencia de la Fiscalía.
Los blancos señalaron que el episodio se produce además en un contexto marcado por reclamos presupuestales de Fiscalía y cuestionamientos políticos sobre distintas decisiones del organismo.
El Directorio reclamó a Orsi que garantice plenamente la independencia de la Fiscalía General de la Nación y anunció que realizará un seguimiento permanente del asunto. Además, encargará a su agrupación parlamentaria evaluar eventuales medidas para preservar la independencia técnica e institucional del Ministerio Público.