El Salvador puso en marcha una controvertida reforma legal que permite imponer penas de prisión perpetua a adolescentes de entre 12 y 18 años condenados por delitos de extrema gravedad, como homicidio, feminicidio y violación.
La reforma provocó fuertes cuestionamientos internacionales. UNICEF y el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación y advirtieron que las penas perpetuas y los encarcelamientos excesivamente prolongados para adolescentes contradicen los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Los organismos internacionales sostienen que la justicia juvenil debe priorizar la rehabilitación y la reintegración social, y que la privación de libertad de menores debe aplicarse únicamente como último recurso y durante el menor tiempo posible.
El gobierno de Bukele, en tanto, mantiene su política de endurecimiento de las penas como parte de su estrategia contra el crimen organizado y las pandillas. La política de seguridad del mandatario ha sido asociada con una fuerte reducción de los homicidios en el país, aunque continúa generando cuestionamientos de organizaciones internacionales por posibles violaciones a los derechos humanos.
Félix Eduardo Cañizalez