Una posible reforma del sistema penal en Uruguay generó debate en las últimas horas, luego de que se conociera que se analiza ampliar los casos en los que personas privadas de libertad podrían solicitar la libertad anticipada.
La iniciativa, aún en discusión, plantea modificar criterios actuales para permitir que más reclusos accedan a este beneficio, incluso en situaciones vinculadas a delitos considerados graves o de índole sexual. Sin embargo, desde el ámbito jurídico se aclara que no se trata de liberaciones automáticas, sino de la posibilidad de que cada caso sea evaluado individualmente por la Justicia.
De acuerdo a lo que se ha planteado, los jueces seguirían teniendo la última palabra, considerando factores como la conducta del recluso, el tiempo de condena cumplido y las características del delito cometido.
La propuesta ha generado fuertes reacciones en distintos sectores, especialmente por la inclusión potencial de delitos de mayor gravedad dentro de los casos analizables. Mientras algunos sostienen que se trata de una medida orientada a la reinserción social, otros advierten sobre los riesgos en materia de seguridad.
Hasta el momento, la reforma no ha sido aprobada y continúa en etapa de análisis, por lo que cualquier eventual cambio dependerá del avance del proceso legislativo.
Félix Eduardo Cañizalez