El nuevo local de Burger King en el ex Parador Nelson, ubicado entre los juegos del Parque Rodó y el Teatro de Verano, generó polémica tras confirmarse que la Intendencia de Montevideo le cedió el espacio por 20 años sin licitación pública ni aprobación de la Junta Departamental.
Irregularidades detectadas
- El Tribunal de Cuentas observó que el contrato original había vencido (mayo de 2024) y no podía extenderse tácitamente; la Intendencia lo defendió alegando una prórroga implícita por la pandemia —rechazada por el organismo de control.
- Además, catalogó la concesión de 20 años como una adjudicación directa impropia, que debió someterse a licitación pública.
- También señaló la falta de aprobación legislativa, dado que el contrato excede la duración del mandato del intendente y requería aval de la Junta Departamental, que nunca llegó.
Aprobado y luego archivado
- La Intendencia, mediante resolución firmada por el intendente Mauricio Zunino y la ex secretaria Olga Otegui, autorizó la concesión el 22 de noviembre de 2024, con una promesa de inversión de más de 34 millones de pesos uruguayos en remodelaciones.
- El expediente ingresó a la Junta el 27 de febrero de 2025, pero nunca se trató; el 6 de junio fue archivado a pedido del presidente del cuerpo, alegando una limpieza administrativa previa al cambio de autoridades.
- Aunque archivado, algunos ediles del Partido Independiente alertaron sobre la gravedad del tema e indicaron que, de haber sido votado, no habría recibido respaldo del Frente Amplio.
Reacciones y próximos pasos
- Ediles calificaron el proceso como “una desprolijidad bárbara” y denuncian que la adjudicación se realizó “con nombre y apellido” a Burger King, sin concurrencia pública.
- La Intendencia sostiene que el contrato estaba vigente y que la extensión por pandemia era válida, pero el Tribunal lo desestimó.
- A raíz del archivo, no se prevé un tratamiento legislativo inmediato, aunque el expediente podría retomarse cuando se vuelva a convocar a la Junta.
Conclusión
La instalación del restaurante en el Parque Rodó responde a un proyecto sin licitación y sin aval legislativo, lo que generó críticas por posibles irregularidades institucionales. La Intendencia y el Tribunal de Cuentas discrepan sobre la legalidad del proceso, mientras la Junta Departamental dejó el tema en espera.
Félix Eduardo Cañizalez
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