El Gobierno de Uruguay, liderado por el presidente Yamandú Orsi, derogó el Decreto N.º 316/024, aprobado en noviembre de 2024 durante la administración de Luis Lacalle Pou, que regulaba la enseñanza terciaria privada y otorgaba autorizaciones definitivas a varias universidades privadas y a la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ).
El decreto derogado permitía que las universidades privadas con más de 20 años de existencia y sin observaciones graves pudieran obtener una autorización definitiva para realizar cambios en modalidades, planes de estudio, denominaciones de títulos, crear nuevas orientaciones y titulaciones intermedias de carreras reconocidas, incluyendo doctorados, así como abrir nuevas sedes e impartir en ellas carreras ya reconocidas, sin otro trámite que informar al MEC a los efectos del reconocimiento y registro de los títulos.
Entre las instituciones que habían recibido la autorización definitiva se encontraban la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad ORT, la Universidad de Montevideo, la Universidad de la Empresa, la Universidad CLAEH y la ACJ.
El nuevo decreto restablece la vigencia del Decreto 104/014, impulsado durante la presidencia de José Mujica, y encomienda al Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada (CCETP), junto con el Área de Educación Superior del MEC, la elaboración de una propuesta de actualización de la normativa que regule el sistema de enseñanza terciaria privada.
Entre las razones para la derogación se argumenta que el decreto anterior fue elaborado sin el asesoramiento de la Comisión Coordinadora de la Educación ni del CCETP, y que varios consejeros manifestaron su sorpresa por no haber sido consultados previamente. Además, la Universidad de la República (Udelar) interpuso un recurso de revocación contra el decreto por considerar que afectaba sus derechos e intereses legítimos.
El director nacional de Educación del MEC, Gabriel Quirici, señaló que el objetivo del gobierno es “hacer que la educación superior privada, que es tan importante en Uruguay, tenga el amparo jurídico y legal del siglo XXI sin vicios de forma”, y que se convocará a un consejo consultivo de las universidades privadas para elaborar la nueva reglamentación con la participación de todos los actores involucrados.
Félix Eduardo Cañizalez
